Lo del caso Faisán está pasando bastante desapercibido. En buena parte se debe a que ninguno de los dos grandes partidos tiene mucho interés en removerlo: el PSOE porque sería el delincuente, y el PP porque sabe que la opinión pública perdona bastante en cuestiones antiterroristas, porque no quiere vincular sus éxitos o fracasos al tiovivo judicial y sobre todo porque quizá el PP hubiera hecho lo mismo.
Para quien no lo sepa, el caso Faisán consiste en que, al parecer (todo presunto), miembros del Ministerio del Interior avisaron a unos etarras de que les iban a detener. Los etarras estaban en el Bar Faisán y pudieron escapar, y ello se justificaría en que en ese tiempo estaban ambas partes negociando y no se quería romper el buen rollo. Parece que, durante unos minutos, el Faisán fue un espacio neutral entre dos enemigos, al igual que la Isla de los Faisanes del Bidasoa fuera el campo neutral en el que España y Francia sellaron una paz y se intercambiaron sus princesas allá por el XVII.
Para quien no lo sepa, el caso Faisán consiste en que, al parecer (todo presunto), miembros del Ministerio del Interior avisaron a unos etarras de que les iban a detener. Los etarras estaban en el Bar Faisán y pudieron escapar, y ello se justificaría en que en ese tiempo estaban ambas partes negociando y no se quería romper el buen rollo. Parece que, durante unos minutos, el Faisán fue un espacio neutral entre dos enemigos, al igual que la Isla de los Faisanes del Bidasoa fuera el campo neutral en el que España y Francia sellaron una paz y se intercambiaron sus princesas allá por el XVII.
Yo quiero hacer una breve reseña, más que nada porque con las últimas novedades el asunto está condenado a pudrirse en los cajones de la Audiencia Nacional. Dentro de veinte años, alguien escribirá un libro sobre los escándalos nonatos de la Justicia en nuestra democracia, y en ese libro deberá haber un capítulo para el Faisán, junto a otros dedicados al caso Rumasa, el GAL, la sentencia del Estatut, el 11-M... Hay otros juicios que quedarán en la memoria, como el del Gürtel, o el del aborto en el TC, pero éstos no han dejado tan tocados a los juzgados como los de la primera lista. Cuando digo “escándalos nonatos”, quiero decir que esos asuntos son tan graves para nuestra justicia como el impacto del Iceberg para el Titánic: los pasajeros no fueron conscientes del daño que se les había infligido hasta mucho después, y cuando lo fueron ya no tocaba escandalizarse sino rezar.
No voy a hacer un estudio jurídico sobre el asunto, o no sobre todos sus aspectos. Me basta con dejarles unas perlas para que sepan por qué, en mi “opinión presunta”, este asunto mueve los cimientos de la Justicia.
1) Se trata de un asunto que, de ser cierto, constituiría una gravísima traición a la ley. No obstante, se trata de un caso mucho más basado en los “indicios” que en las “pruebas claras”.
2) Aunque fuera una traición a la ley, la población tiende a aceptarla cuando el fin es acabar con un peligro mayor, lo cual abre una senda peligrosísima, como pasó con el GAL.
3) Parte de la población, y muchos políticos, esperan que los jueces completen el trabajo que los propios políticos o la policía no se atreven a culminar, aunque los jueces tengan también que saltarse la ley. Aquí juegan un papel especial los indicios, pues al no ser éstos concluyentes exigen que el juez los complete con un juicio de valor. Ante una prueba concluyente, basta con que el juez “la reconozca”, pero ante un indicio es preciso que el juez “lo interprete”, es decir, le añada algo que no está a la vista. Ello desplaza el protagonismo del asunto hacia la calidad del juez (moral, profesional y hasta política).
4) Desde hace tiempo, parece que una fuerza irresistible pretende que el asunto se juzgue sólo como “delito de revelación de secretos”, y no como “delito de colaboración con banda armada”; la razón estaría en que el primero de los delitos tendría unas consecuencias mucho más leves para los imputados, y para los responsables políticos (Rubalcaba al final de ellos). En el caso de la mera revelación, la competencia para juzgar sería del juez de Irún, mientras que si el caso es de colaboración con banda armada la competencia sería de la Audiencia Nacional por ser materia terrorista; por eso, desde el principio hay una pugna para que el asunto se lleve en un sitio o en otro, pues ello condiciona bastante el resultado final: el juez de Irún no podría condenar nunca por colaboración con banda armada pues carecería de potestad para ello.
5) El Juez Ruz, de la Audiencia Nacional, ha querido investigar el asunto en su sede, y a ello se ha opuesto la Fiscalía que lo quiere llevar a Irún; es decir, la Fiscalía, que es la defensora del la ley y del Estado, es la primera que pugna para que el asunto se investigue de la forma más leve posible.
6) Como el Juez Ruz se negaba, vino el Juez Bermúdez (el del 11-M) y se inventó que el pleno de la Audiencia Nacional decidiera a dónde debe ir. Algunos periódicos han señalado los posibles motivos por los que este juez se sentiría proclive a hacer un favor al Gobierno. El pleno de 14 jueces acaba de decidir por unanimidad que el asunto debe seguir investigándose por el Juez Ruz, es decir, que ni ellos saben qué hacer con el asunto, y les parece que lo que hay no es suficiente para elegir delito, pero sí reconocen con ello que los indicios son suficientes para no archivar el asunto.
7) El Juez Ruz se encuentra ahora con que debe seguir investigando un asunto en el que sabe que le van a tirar piedras si vuelve a llamar o a investigar a Rubalcaba y los suyos, como pasó en su día con el Juez Barbero y el caso Filesa hasta forzar al juez a abandonar la carrera. Por sólo recordar algunas cosas, le han hecho desparecer una grabación que era la prueba principal, se apartó a la Guardia Civil de la investigación dejando sola a la Policía que era la propia investigada, y todo el mundo reconoce que algo delictivo hay pero que nadie quiere ponerle nombre ni condena.
8) El asunto tiene todas las papeletas para convertirse en una pesadilla para quien deba tramitarlo. Una solución para exculpar a los imputados sería, como apunta un sector, exigir que la colaboración con banda armada precise de la empatía con los fines y pensamiento de esa banda armada; como es obvio que los policías no tienen esa empatía, quedarían absueltos. Aceptar esto sería una aberración desde mi punto de vista, pues iría contra el sentido común y contra la anterior doctrina judicial (por ejemplo, en el 11-M), aunque podría servir para salvar a los segundos de Rubalcaba.
Por todo esto, y por mucho más, se darán Ustedes cuenta de que el asunto es de los que debería interesar mucho más a la opinión pública de lo que lo hace, no porque afecte a tal o cual partido, que eso da igual, sino porque al ámbito judicial se le está retorciendo el músculo de una forma que ya veremos luego cómo se le vuelve a dar tono.
Y de esto particular pasamos a lo general: lo peor de los asuntos de contenido político en los que sólo hay indicios y no tanto pruebas, es que tienden a ser completados por la imaginación del pueblo a través de juicios paralelos. Los medios de comunicación, los profetas de la conspiración, y los románticos del misterio, tienden a consagrar estos asuntos en el armario de los reptiles, para bien o para mal. Conforman así un imaginario que luego es muy difícil de desmontar, y en el que acaba siendo más real el consciente colectivo que la letra de una sentencia.
Esto me lleva a recordar otro caso muy semejante y a la vez opuesto de nuestra España valleinclanesca y rubalcabiana, ocurrido hace 180 años. Se trata del proceso de Mariana Pineda.
La joven y bella granadina, Mariana Pineda, fue acusada también por meros indicios, y también por traición consistente en colaborar con un grupo subversivo. En su tiempo los subversivos eran los liberales, acosados por el yugo fernandino. La colaboración consistiría en haber bordado una bandera que debía servir de estandarte a la revuelta liberal en Granada. El indicio fue el encontrarse dicha bandera en su casa. Nada más.
El proceso fue muy rápido. El hallazgo de la bandera y la detención sucedieron el 18 de Marzo de 1831. El 21 intentó fugarse. El 27 la trasladaron al beaterio de Santa María Egipcíaca. El 5 de Abril, el ministro dio una orden para que este asunto fuera visto no por el Juzgado competente (la Sala Segunda del Crimen de la Real Chancillería de Granada) sino por quien quería el ministro (¿les suena?), que en este caso fue Don Ramón Pedrosa, subdelegado principal de policía de Granada. Pedrosa preparó la sentencia el día 6 de Abril y el 10 la confirmaron los jueces. El 26 de Mayo la mataron. A garrote, en el Campo del Triunfo, junto a la Puerta de Elvira.
El proceso nunca pasó de los meros indicios, y nunca se probó nada concluyente. La bandera no era tal, sino un retal de tafetán morado. Se la tildó de tricolor, pero simplemente porque sobre el morado había un triángulo verde y alguna letra roja. Se acusó a Mariana de connivencia con los liberales, pero ella negó cualquier relación con el asunto, y también su defensa se basó en rebatir cualquier implicación. El trapo apareció en su casa, pero nadie dio una explicación coherente, salvo los enemigos de Mariana. Es cierto que pocos días antes se habían producido hechos muy graves: el 2 de Marzo fue asesinado el gobernador de Cádiz, tropas de Marina se sublevaron aunque fracasaron, otro grupo se alzó en Gibraltar y campó por Sierra Bermeja hasta que todos fueron suicidados, derrotados y fusilados el día 8. En la ciudad de Granada se movilizó a los Voluntarios Realistas, que no volvieron a su normalidad hasta el día 18, precisamente el mismo en el que Mariana Pineda fue detenida.
Parece que interesaba condenar a alguien por liberal o por cooperador con los liberales, aunque fuera sólo a través de “indicios”. Lo cierto es que, si atendemos a los antecedentes de Mariana, sus relaciones, la sociedad granadina, las características de la supuesta bandera, sus colores, sus emblemas, algo apunta a que Mariana no tenía la más mínima relación con la conspiración liberal, sino más bien con las logias masónicas de la ciudad, también perseguidas. Esta posibilidad da un giro a la investigación y podría explicar el silencio que mantuvo Mariana durante todo su proceso, para proteger a los masones. Incluso se ha apuntado que pudiera haber un fondo de despecho amoroso más que político en la persecución de Pedrosa contra Mariana.
Lo cierto es que, como apuntaba antes, en los casos donde la prueba escasea y donde se olfatea la posibilidad de conspiración, el espíritu del pueblo actúa y lleva la historia a lo que “debiera haber sido” más que a lo que “realmente fue”. Si ello se junta con los intereses de un gobierno que tiene los resortes para retorcer la realidad hacia sus propios fines, el asunto está perdido para la verdad. Con Mariana Pineda ocurrió lo mismo: al poder de los años venideros le interesó en su día llevar el ascua a su sardina convirtiendo a Mariana en una heroína del bando liberal, cuando quizá ella sólo quiso ser una colaboradora masónica. Le dedicaron placas, obras de teatro, esquelas en el Ayuntamiento... como luchadora por algo en lo que nunca participó (quizás). Actualmente, su casa ha sido dedicada a otra lucha, la de la Mujer, habiendo sido transformada en sede del Consejo Municipal de la Mujer de Granada, y Centro Europeo de la Mujeres. Parece que toda causa fabrica sus mártires, aunque ellos no fueran conscientes de ello; me recuerda a “La Vida de Brian”, cuando el Movimiento de Liberación de Judea se pone la medalla de la ejecución de un Brian que sólo quería volver a su casa con su madre y su novia.
A este tipo de esperpentos nos lleva la falta de luz sobre las cosas. La oscuridad permite usar los indicios para convertirlos en verdades, y las lagunas en historias. Es curioso, para terminar, que de aquélla época tan sórdida, tan oscura –o mejor, tan oscurantista- como la de Fernando VII, nos haya quedado para la posteridad un objeto que precisamente se distingue por su luminosidad: la farola fernandina. Si se fijan, se trata de esas farolas de hierro compuestas por un fuste de varios metros de alto y terminadas en un farol troncocónico invertido de uno, tres o más brazos; en su base aparece una F y el año 1832.
Hoy miramos esas farolas como un elemento de buen gusto y distinción, y su sustitución genera polémica quizá porque no hemos inventado algo más bello (la generó en Madrid cuando Tierno Galván las sustituyó por un diseño sideral y tuvo que dar marcha atrás en parte, o más recientemente en La Laguna, cuando se han sustituido por un diseño no autóctono). En su día la farolas fernandinas debieron ser un medio más de lucha contra la disidencia: En la Granada de 1831, el ya citado y malvado policía Pedrosa escribió el 3 de enero (apenas 2 meses antes de detener a Mariana Pineda) al corregidor quejándose de la poca iluminación de la capital y pidiendo que ésta permaneciese más allá de las 10 de la noche, “atribuyéndose parte de los excesos que se cometen a la oscuridad de las calles, que siempre es un estímulo para los criminales” (tomado de “Mariana Pineda”, de Antonina Rodrigo). El caso es que el aceite debía ser caro para iluminar todo el tiempo, pues en las crónicas y archivos de muy pocos años antes aparecía siempre la iluminación nocturna con lámparas de aceite como un signo extraordinario de celebración en fiestas y eventos singulares. La opción para mejorar la seguridad nocturna era la iluminación de gas, y los Rubalcaba de entonces debieron pensar que era el momento de usar un nuevo tipo de farola. En 1832 se instalaron los primeros cuatro faroles de gas, en la Plaza de Oriente de Madrid, suponemos que ya con el diseño Fernandino. Estas farolas se nutrían de una pequeña instalación ubicada en la cercanía de palacio.
Poco a poco se extendió la red de farolas fernandinas y la red de gas, haciendo que en las calles de España hubiera cada vez más luz, hasta hoy. Es una pena que en la política, no obstante, permanezca la misma oscuridad que hace 180 años.
