10 IDEAS PARA GALLARDON, SIN GASTAR UN DURO

La España de Gallardón la componen 47.000.000 de zombies que cuando se aburren invaden un hospital y cuando los echan de allí invaden un juzgado. Ante eso, él propone una tasa para disuadirnos y para socializar el sufrimiento, como si no fuera mejor evitar el dolor que jugarlo a (mala) suertes.

No te preocupes, Alberto. Llegas tarde a ser Alberto el Grande porque Alberto Magno ya hay uno desde el siglo XIII y además era Santo. Aunque los dos os parecéis en algo: dicen de él que se construyó su propia tumba y todos los días la rondaba, o sea como tú. Y no es que yo lo quiera, que sólo deseo ayudarte.

Mira, tengo aquí algunas ideas para que no necesites crear unas tasas, que eso es muy feo. Coincidirás conmigo en que es un poco REPUGNANTE que un Estado tenga que disuadir a sus ciudadanos de acudir a un servicio cuya prestación es teóricamente su mayor orgullo. Así que tú déjame a mí que te mande unas sugerencias en estas botellas que lanzo al agua; es difícil que te lleguen porque tú estás en tierra muy enterrado y yo en el mar muy mareado, pero San Alberto desde el cielo proveerá.

 Ahí van algunas cosas que, SIN COSTAR UN DURO, aligerarían mucho los juzgados sin tener que llamarnos memos a los demás:

1.- Que los juicios de faltas se sigan en el Juzgado de paz de cada lugar donde ocurran. Eso ahorraría muchos trámites de notificaciones, y liberaría de muchísimo trabajo a los Juzgados de Instrucción. Existe la posibilidad legal, pero no se suele utilizar.

2.- Ejecución automática de sentencias (salvo renuncia de la parte interesada). Sepan todos que una vez que uno tiene una sentencia a favor debe iniciar un nuevo proceso para que se cumpla, vamos, como si al ir de inicio al Juzgado no quisiéramos que se cumpliera la sentencia. Eso ahorraría muchos trámites de reiniciar el proceso, y duplicidades de ordenador y carpetas.

3.- Auxilio de las bases de datos de Hacienda para la ejecución de las sentencias. ¿No es la Justicia un valor tan esencial como la Hacienda Pública? Pues si a mí me debe un señor 1000 euros y un juez lo ha dicho en una sentencia debería el Estado poner a mi disposición el mismo aparato con el que el Estado le cobra los impuestos, ¿O es que se los quiere reservar sólo para él? Con esa ayuda se resolvería en una mañana lo que los juzgados necesitan 6 meses o más para captar una información.

4.- Que la administración aprecie de oficio todo lo que la ley le obliga a preciar de oficio. Dicho en castellano antiguo: la ley obliga a los funcionarios a que acepten ciertos derechos adquiridos por el ciudadano cuando es evidente en el caso concreto, sin que hiciera falta n siquiera que el ciudadano lo pidiera. Sin embargo, en lugar de hacerlo así, se suelen callar y esperar a que el pobre ciudadano reclame, después recurra, luego demande, luego apele, luego se muera, luego sus herederos se vayan a Strasburgo, y al final un juez Belga nos dé la razón… hasta que el Estado indulte, claro. Todo eso se ahorraría si los funcionarios simplemente aplicarán la ley; no hay que gastar un duro; el problema es que los funcionarios siguen las instrucciones de los jefes políticos, y éstos seguramente prefieren que la gente se aburra pleiteando porque mientras tanto la administración juega con el dinero y los intereses de los particulares. Pero si me hicieran caso nos ahorraríamos miles de recursos ante el juzgado contencioso-administrativo.

5.- Silencio administrativo positivo.-  Significa que si la administración no me resuelve algo en cierto plazo, se entiende estimado a mi favor. Como comprenderán, esto no ocurre sino al contrario, se me entiende desestimado. Aunque hay normas que establecen el efecto positivo, las excepciones son tan cuantiosas que a efectos prácticos el mayoritario es el negativo. Eso hace que los funcionarios no tengan ningún interés especial en resolver, con lo que me derivan finalmente a tener que llevar mi asunto al juzgado, con nuevo atasco judicial. Si el silencio fuera positivo, ya acelerarían para evitar que yo me saliera con la mía, y resolverían en la fase administrativa anterior a la judicial.

6.- Extensión automática de efectos de las sentencias administrativas.- Hay muchos casos que afectan a multitud de personas de una manera prácticamente idéntica. En tal caso, la propia administración podría ser sensible a esto, y no obligar a todos los españoles a pleitear uno a uno para conseguir lo mismo que un juez ha aceptado para uno de ellos. Eso sí que genera atasco judicial, total para tener 500 pleitos iguales con 500 sentencias iguales, cuando con una podría bastar. No es coser y cantar lo del mecanismo, pero sí mucho más útil –sobre todo para el ciudadano- que obligarnos a peregrinar uno tras otro por los juzgados, especialmente con el riesgo de obtener sentencias contradictorias en unos y otros juzgados. Por ello, cuando una sentencia sea clara y sea favorable a la pretensión de una persona, debería ser mucho más ágil el mecanismo para que los demás afectados se beneficien, y que la administración cooperase en ello aliviando el atasco judicial.

7.- Eliminar el Jurado. A nadie le gusta salvo a 4, y no hay ni 3 que quieran participar. Cuesta 1.000 euros diarios cada juicio de jurado (¿Cuántos millones al año?) y genera unos líos de comunicación tremendos. ¿Que está en la Constitución? Lo que dice es que se “podrá”, y en la forma que la ley determine, así que de obligatorio nada.

8.- Responsabilidad previa del Estado en materia de bancos y de seguros. Cuando se pleitee para que un seguro pague una indemnización, por ejemplo, debería el Estado adelantar inmediatamente el importe al ciudadano y luego exigir el reembolso a la compañía o al banco de turno, eso evitaría muchísimos pleitos entre ciudadanos y entidades todopoderosas. ¿El fundamento de eso? Pues que el Estado teóricamente está supervisando con Bancos de España y con direcciones generales la actividad de estas grandes entidades, y por tanto está pagando con nuestros impuestos a señores muy listos para que eviten precisamente los problemas que dan lugar luego a pleitos; si un juez me estima que el banco me debe un cantidad porque ha hecho algo mal contra mí, debería también responder el Estado que ha permitido que me ocurra eso al no vigilar adecuadamente la práctica bancaria, es algo parecido a la responsabilidad de un Ministerio, por ejemplo, si un hospital público me genera un daño, sin perjuicio de que luego el Ministerio reclame contra el hospital o contra el culpable concreto.

9.- Cambio en las leyes o en su exigencia para que haya una preferencia absoluta de los acreedores y proveedores en el cobro a las administraciones públicas. Si las administraciones pagaran debidamente a sus proveedores, se ahorrarían miles de juicios, porque de ello no sólo se derivan los pleitos contra la administración, sino todos los indirectos que se derivan de la falta de liquidez entre particulares que tiene como causa última el que tal Ayuntamiento o tal Autonomía no pagó al jefe que luego no pagó al empleado que luego no pagó al banco que luego no pagó a… bueno, el banco siempre cobra.

10.- Cambio en la sensibilidad de la Administración para los casos de responsabilidad patrimonial. Tampoco hace falta gastar un duro, sino simplemente asumir que cuando la administración se equivoca debe pagar y para pronto, sin decir eso de “bueno, cuando Usted tenga una sentencia ya hablaremos”, porque hay miles de casos que son muy evidentes, y no pueden despacharse al estilo de la Colza, la presa de Tous, el Carmel y tantos otros, donde el comportamiento de la Administración ha sido y es vergonzoso.

No es tan complicado realizar todo esto. Si Gallardón tiene capacidad para socializar el sufrimiento, también podría socializar el sentido común y empezar a hacer LO OBVIO. Por supuesto, también es OBVIO que la misma crítica va para todos los anteriores ministros y gobiernos, que aquí ningún partido ni gobierno se salva.