Algunos ayuntamientos están proponiendo (y poniendo en marcha) oficinas
de asesoramiento para desahucios. Bueno, yo no quiero dudar de la mala o buena
fe de quien lo promueva, pero creo que no sirven para nada, y que es un gastazo
del que alguien debería dar cuenta. Ante un gasto público hay que preguntarse:
1º: ¿Cuánto?
2º: ¿Para qué?, y
3º: ¿A costa de qué?
Por supuesto, y anticipándome a los listos demagogos y oportunistas: que
nadie vea en lo que digo una falta de sensibilidad hacia quienes tienen el
problema gordo de la vivienda y las tremendas injusticias de los desahucios.
Con lo que no tengo sensibilidad es con las soluciones mágicas que no arreglan
nada y encima provocan más gasto, y además se ríen de la gente.
CUÁNTO: Pensemos en un municipio medio. Pondrán una oficinilla en algún
lado, que a lo mínimo necesita dos personas (sea para dos turnos, o para que
uno resuelva algo, y otro para que gestione, coja el teléfono, haga de
secretario, vaya a por fotocopias, etc.); si cada uno cobrase unos 1.000 euros
al mes, tenemos 2.000 € al mes, que son 24.000 al año. Añadamos un mínimo de otros
500 € al mes si se alquila un local (si se usa un espacio municipal pasará lo
mismo pues en el fondo estará inutilizando un espacio que podía usarse para
otra cosa y desplazará a otra función que acabará necesitando pagar un alquiler
en otro sitio, o que podría usarse para algo más útil), y ya tenemos otros
6.000 € anuales. Aparte, pongamos otros 800 € al mes en gastos (entre teléfono,
luz, papel, impresoras, dípticos informativos, campañas, auxilio ocasional de
policías o funcionarios, desplazamiento, dietas, y esas cosas tan bonitas que a
veces hacen en la Administración para que cuesten dinero las cosas). Pongamos
otros 10.000 al año. Me salen unos 40.000 euros al año, por municipio. Si cada
municipio de los 8.000 de España pusiera en marcha una oficina de este tipo,
sumaría unos 320.000.000 euros (40.000 x 8.000 = 320.000.000 €), sólo por “asesorar”,
eso sí, habrá dos personas –las empleadas en la oficina- muy agradecidas con
alguien, porque seguramente no se cubrirá con voluntarios.
¿PARA QUÉ?.- Pues para nada. Que me digan qué va a asesorar un
ayuntamiento a un señor al que le quitan la casa. ¿Le va a decir cómo tomarse
los antidepresivos y que vaya a buscarlos a una farmacia cerrada porque no
cobra? ¿Le va a dar un papelito con teléfonos de abogados, o el del Turno de Oficio
para ver si allí le pasan con un abogado que hace meses que tampoco cobra, o le
va a acompañar a la oficina del banco para llorar y allí le atenderá un
empleado que también está llorando porque le echan a causa de los recortes y
las exigencias de los hombres de negro? O sea, NADA.
A menos que: le asesoren para meterle en una vivienda social de esas
maravillosas que ahora dicen que pueden poner, o sea, más gasto que añadir a
los 40.000 anuales por la oficina, es decir, calculemos un alquiler de unos 500
€ al mes, unos 6.000 al año de gasto municipal. Si ponen 10 viviendas para eso,
será un gasto de 60.000 € al año. Puede estar justificado, no seré yo quien no
sea solidario con los casos más sangrantes, pero en tal caso, ¿para qué hace
falta gastar además los 40.000 de la oficina?
¿A COSTA DE QUÉ?.- Pues de muchísimas cosas que se podrían pagar con
los 40.000 (por la sóla oficina) o los 100.000 € (si añadimos 10 viviendas
sociales) que se van a gastar en eso. De momento ese dinero hay que recaudarlo,
y es muchísimo. Si ese dinero se dedicara a pagar a los proveedores municipales
que llevan años sin cobrar lo que se les debe, esos proveedores (autónomos,
empresas) podrían pagar a sus trabajadores y no despedir a nadie, o a menos
personas; y si hubiera menos despidos y hubiera más empresas cobrando de sus
ayuntamientos, habría menos paro y habría más gente que cobra salarios y cotiza
y puede pagar sus hipotecas con lo que al final habría mucho menos problema de
desahucios (porque la gente, aunque ustedes o los políticos no se lo crean,
prefiere pagar sus deudas y sus hipotecas y sus impuestos si se lo hacen
posible, y vivir tranquilo si le dejan pagar pero también cobrar).
Si un Ayuntamiento dedicara esos 100.000 € a pagar sus deudas, y se
hiciera eso mismo en los 8.000 ayuntamientos de España, habría 800.000.000 € al
año de pago a proveedores y la economía se reactivaría de una forma mucho más
alegre, sobre todo porque la gente vería que la administración se implica de
verdad en los problemas del sector privado, en lugar de sacarse conejos de las
chisteras que no sirven para nada más que para pedir zanahorias que hay que pagar con
más impuestos.
Y mejor aún, que no se recaudaran. Si nos ahorramos recaudar un dinero
que no va a servir para nada, ese dinero quedaría en manos de la gente para
pagar sus copagos y sus hipotecas y sus gastos de comunidad y sus todo, dejando
un respiro para reactivar le economía.
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