Hace días que estoy expectante, a ver qué dice Gallardón sobre la Justicia. De momento ha puesto a Torres-Dulce de Fiscal General del Estado, que como todos saben lo va a hacer “de cine” (es que es “crítico de”, para quien no lo sepa).
Gallardón es el Eterno Infante del PP; para otros es el Niño Terrible, mortal de necesidad. Cuando lo pusieron de 4 en las listas por Madrid, pensé que ese número le pegaba mucho. Verán, Gallardón tiene los ojos un poco achinados, y resulta que en chino el nº 4 se asocia tanto con los niños como con la muerte, y se pronuncia “sì” (fonéticamente semejante a "muerte"), que es la eterna palabra de un Gallardón incapaz de decir “no”, porque Gallardón es, como Buenafuente, “Muy Bueno”. El dibujo del 4 chino se forma por dos rayitas verticales algo separadas (recordando las dos orillas del cráneo de los niños abiertas por la fontanela) encerradas en un cuadrado (que es el grafismo de “casa”), aludiendo a que el niño permanecía en casa encerrado hasta que cumplía 4 años. Vamos, como Gallardón encerrado cuatro legislaturas entre Autonomía y Ayuntamiento cerrando su fontanela, hasta que por fin le han dejado salir al mundo.
De momento, lo que he visto en sus declaraciones me ha dejado muy frío. Habla, una vez más, de elección de miembros del TC, del Consejo General del Poder Judicial... vamos, que son las cosas que les suelen preocupar a “ellos”, pero no a la gente de a pie, (aunque ya sé, que nadie me lo recuerde, que todo acaba influyendo en la justicia diaria, sí, ya lo sé, pasados 450 años más o menos pero sí). Habla también de un Estatuto de las Víctimas, y parece que nadie le ha dicho que en la Comunidad Valenciana hay ya una Fundación de Atención a las Víctimas del Delito y que el Sr. Fabra acaba de anunciar que se despide a 35 de los 103 puestos de trabajo de la misma; y en Baleares ya van por lo mismo, no sé si el Sr. Gallardón se refiere a estos sitios o a la Insula Barataria...
Me temo que entre tanto Alto Técnico, tanta Carne de Suplicatorio y tanto Académico no ven claro qué ocurre a este lado del estrado o del calabozo, y menos aún en tiempos de crisis, así que yo a lo mío que es hablar desde la Trinchera.
Como veo que esto va para largo, voy a permitirme un lujo del que no hay que abusar, y es tirar mano del “copiar y pegar” –vamos, es la primera vez que que lo hago y estoy avisando, y eso sí de material propio-. Hace unos meses aportaba unas ideas para ABARATAR Y MEJORAR LA JUSTICIA SIN PONER UN DURO, por si el señor Caamaño las quería usar porque sé que me lee todas las noches (ya lo hacía Bermejo cuando volvía de cazar). Ahora las pongo otra vez por si el Señor Ruiz Gallardón las quiere usar, que sé que también me lee. Me leen todos los Ministros de Justicia y el Señor de Singapur. Lo siento por repetirme, pero en estos meses no he pensado nada nuevo, y la repetición no estaría tan mal si algo bueno se hiciera con ella. Así que ahí les “copio y pego” unos retales ya publicados en su día, son de tanta actualidad como hace 4 meses y como hace 4.000 años, bendito número 4.
LA PRIMERA ENTRADA (JUSTICIA I) tuvo como origen una PROPUESTA-RUMOR-SONDEO DEL CONSELLER VALENCIANO sobre la posible introducción de TASAS JUDICIALES. Les quitaré las introducciones de estilo. Mis comentarios de Agosto de este año fueron:
...¿No se ha planteado la posibilidad de hacer una mejor Justicia simplemente usando mejor los medios que tienen? Ustedes y todos.
Es curioso que los políticos planteen los copagos para las cosas precisamente esenciales... para los demás: Sanidad, Justicia, Educación... no se lo plantean para hacerse sus videos de promoción, sus vacaciones en Doñana, sus trajes o sus reformas (esto es demagogia, lo sé). También es curioso que los copagos se planteen para “disuadir” al ciudadano de acudir a ese servicio; ¡pero bueno! Es decir: ¿LO ESENCIAL DEL SERVICIO PUBLICO ES DISUADIR AL PUBLICO DE ACUDIR AL SERVICIO? Los poderosos (quizá por propia experiencia) creen que la gente se aburre en casa y se dedica por vicio a acudir al servicio público, sea sanitario, judicial, o educativo, es que el pueblo es muy caprichoso... Miren, si hay fraude que se persiga, pero normalmente detrás de cada servicio hay un drama humano, así que mejor calladitos, gestionar bien y si no dejen paso.
Conozco algo de las tierras valencianas del Señor Cabré, pues de vez en cuando hago por sus costas la aguada o enrolo a sus arruinados.
Les diré mis propuestas :
- Justicia preventiva.- Como la sanidad. Hay que intentar reducir los agravios, en lugar de reducir el número de agraviados que deciden ir a un juzgado.- Esto último es un fracaso, pues significa que habrá una porción de gente que se desengancha del sistema, y decide buscar la justicia por su mano o lo que es peor, se desmoraliza sobre la bondad de acatar el sistema.
- Justicia atractiva.- Hay que animar a acudir a la Justicia, no disuadir de ello. Con las mujeres maltratadas, o los abusos infantiles, se anima a denunciar. ¿Qué privilegio tienen estas víctimas que no tengan las víctimas de un robo, una estafa, o un insulto?
Deben saber que ya hay bastantes elementos que disuaden de acudir a la justicia, y no hace falta que inventen nuevos:
a) la lentitud de la tramitación y la desidia del sistema;
b) la inseguridad de las decisiones judiciales tan contradictorias a veces;
c) la falta de formación o experiencia de algunos jueces (ya sea por formas de acceso de cuartos turnos, abogados “amiguetes de reconocido prestigio”, jueces sustitutos, formas de examen de poca exigencia en épocas de gran necesidad de jueces, falta de experiencia en caso de primeros destinos...)
Estos elementos ya son disuasorios, pues hacen que la gente no confíe en que la Justicia funcionará como debe. Los acuerdos a que llegan los abogados son un fracaso y una aberración desde el punto de vista teórico, porque en puridad ambas partes saben perfectamente cuál de las dos tiene la razón y debería ganar el pleito. Si se renuncia a una parte de las pretensiones en un acuerdo es porque uno nunca sabe cuánto va a tardar un juez en darle la razón, ni si el juez sabrá lo necesario para dársela, ni si le tocará este juez o el otro que dice lo contrario. Es decir, los acuerdos de abogados sólo tienen como fundamento los defectos de la justicia, pues si ésta funcionara bien nadie renunciaría a lo que el juez debía reconocer. Sin embargo, para los políticos y para el Consejo General del Poder Judicial las transacciones judiciales son un éxito cuando deberían ser una VERGÜENZA. En un asunto judicial no basta con llevar razón sino que: 1) tienes que llevar razón; 2) poder probarla, y 3) que el juez te la dé. Si no estás seguro de eso es cuando empiezas a pactar, renuncias a una parte y te retiras, bastante enfadado por cierto.
A todo esto se añade el que ya existen importantes costes disuasorios privados en la actuación judicial. Un particular debe pagar abogados y procuradores si tiene suficientes ingresos (la justicia no es gratuita sino para gente de pocos recursos); presentar informes periciales en muchos casos si pretende que le hagan caso; en los asuntos con lesiones muchas veces debe gastarse el dinero en un perito de su confianza porque la peritación que presentan las compañías no es fiable por interesada y las que hacen los forenses no recogen en ocasiones todo lo que quiere manifestar el particular; sufre el coste de días perdidos acudiendo a declaraciones muchas veces reiterativas, actuaciones de mero trámite; debe pedir documentación en oficinas en las que no se lo ponen fácil y además también le cobran o le hacen perder varias mañanas para obtenerla, etc., luego no es barato para un particular acudir a la justicia, pone mucho de su bolsillo así que hablar de “copago educativo” a estas alturas es un sarcasmo.
- Justicia dignificante.- Hay que tratar al ciudadano con mucho más respeto que el habitual en los juzgados. Hablar de disuadirle es una inmoralidad, porque con sus impuestos paga para que haya un sistema. Hablarle de poner una “tasa simbólica” es faltarle al respeto, como si fuera tonto y necesitara símbolos para recordar lo cara que es la Justicia cuando la gente lo que necesita es que le arreglen pronto su asunto. Si la tasa es tan simbólica habrá que preguntar si se puede pagar también con “dinero simbólico” y no con euros.
Al ciudadano hay que explicarle bien las cosas cuando está en un juzgado; hay que dejarle que se explique; dedicarle un minuto al menos a hacerle sentir bien; hacerle las preguntas en un lenguaje que entienda y no repetirlas más alto cuando no la entiende a la primera; mirarle cuando se planta ante un mostrador y no mantener la vista pegada al pupitre o al ordenador a ver si se cansa y se va; respetarle los horarios de atención al público y, ya que estos son cortos, al menos respetarlos estando ahí para lo que quiera ver, se trata de su asunto. Es absurdo, por ejemplo, citar a los ciudadanos para practicar diligencias en los juzgados cuando éstos están de guardia, ya que lo normal es que los imprevistos de la guardia acaparen a los funcionarios y especialmente al juez, con lo que al particular le harán perder la mañana esperando horas a que le puedan atender... Eso no es cuestión de dinero, porque se supone que el funcionario de justicia debe actuar correctamente, cuesta lo mismo hacer las cosas bien que mal, amablemente o de mal humor, y normalmente cuando uno se centra en hacer bien una cosa la termina antes y queda más satisfecho.
Y ahora unas cuantas cosas para ahorrar dinero, o rentabilizar mejor el que se gasta:
Vaya por delante que en lo que voy a decir no hay una crítica general a todos los funcionarios, sean de justicia o de la administración, ni a los jueces, fiscales, secretarios, abogados, procuradores, peritos, etc., pero sí una crítica a un sistema que se lo pone muy difícil a los que lo quieren hacer bien, y muy fácil a los que lo quieren hacer mal. Hay multitud de personas de buena pasta en la administración y en la justicia; si no fuera por esa buena pasta de tantos, -a los que no se puede pedir que sean héroes- el sistema habría quebrado mucho antes. Pero vayamos a lo defectuoso:
1.- Apertura de juzgados los sábados.- Los juzgados trabajan sólo de lunes a viernes, por las mañanas. Teóricamente de 8 a 15, pero realmente hasta las 9-9.30 no aparece nadie, y si aparecen es para dejar el periódico o el bolso, irse a tomar el cafetito, luego se toman otro a media mañana, que si el cigarrito que tengo que salir, y a partir de las 13 ya estoy nervioso que me voy para casa y recojo a los niños y al súper así que no moleste. Se agilizarían los asuntos y por tanto mejoraría la calidad, sin necesidad de gastar más dinero. Si no se quiere ampliar el horario, al menos que se exija un cumplimiento cierto del existente, porque se pierde muchísimo tiempo.
2.- Ejecución de oficio de las sentencias.- (Salvo declaración en contra del beneficiado por ellas). La gente piensa, cuando va a un juzgado a reclamar un dinero, que la sentencia que le da la razón le va a poner el dinero en casita, y no es verdad. Tras la primera sentencia hay que pedir un segundo trámite de ejecución para obtener el cobro, hay que presentar nuevos escritos, nuevas copias, pagar abogados por impulsar todo eso... cuando estaba claro que el que acude al juez no es para tener un papel precioso sino para ser resarcido. Si se iniciara de oficio esa ejecución se ahorraría tiempo, papeles y dinero.
En la ejecución, además, la justicia debería tener un acceso mucho más ágil y más rápido a los registros públicos y de Hacienda para localizar bienes del ejecutado. Para eso no hace falta una tasa nueva sino hacer un programa adecuado y la voluntad de hacerlo. La misma maquinaria que funciona para que el Estado cobre sus impuestos debería ponerse al servicio de los ciudadanos que ganan una sentencia.
3.- Señalamientos de juicios con racionalidad.- No pueden señalarse veinte juicios para una mañana como hacen en muchos lugares, ni tan siquiera diez, y yo diría que no más de cinco. El propio juez puede acabar mareado, de mal humor, agotado, y el resultado de esa vista será nefasto para alguien o para él mismo.
Es cierto que muchos de los juicios señalados no se celebran, pero también es verdad que buena parte de esas suspensiones son por culpa del propio juzgado que ha cometido algún error que propicia la suspensión, o que podía haberla decretado antes una vez que la causa se le ha hecho saber. Pueden ponerse muchos menos juicios cada día, pero al mismo tiempo señalar juicios en muchos más días, pues un juzgado no suele señalar juicios más de dos o tres días a la semana. Debe pensarse que al ciudadano le supone mucho coste en horas perdidas estar esperando a su juicio señalado para las 10.30 y que luego acabe celebrándose a las 12.45 porque antes había señalados otros 8 y se han alargado. Hay gente que se pasa a veces tres horas esperando su turno, mientras ve al juez que ha de atenderle tomándose el café en el bar del juzgado porque está muy cansado. La solución para eso no es la que se aplica normalmente, es decir, la de meter prisa a la gente que ya está dentro de su juicio, porque la gente lleva quizás dos años esperando para ponerse ese día ante el juez y le irrita mucho que no la dejen hablar ni medio minuto y le achuche el juez diciendo que acelere porque hay cola de juicios esa mañana (pues no los convoque, así de claro).
4.- En la Policía.- a) Todos los funcionarios de policía deberían tramitar las denuncias que les lleguen, en lugar de enviar a la gente denunciante a otros cuarteles o retenes. El peloteo entre Policía Local, Policía Nacional y Guardia Civil irrita a la gente a la que le hacen perder horas y días peregrinando de un departamento a otro, y las horas perdidas son dinero tirado. Funcionarios de seguridad lo son todos, y que ellos deriven luego el asunto a donde sea pero que no hagan al ciudadano cargar con el coste de la división de competencias.
c) debería permitirse a los policías practicar más diligencias sin necesidad de permiso judicial previo pues nos encontramos ya en un estado democrático en el que la policía se debe presumir más acorde a la Constitución. Algunas diligencias deberían suprimirse directamente, como es el caso de la asistencia letrada a la primera lectura de derechos a los detenidos en comisaría y declaración si manifiestan su negativa a declarar en comisaría y prefieren hacerlo en el juzgado; para ese caso sobra la presencia del letrado de oficio que se limita a estar de espantapájaros. Esa asistencia absurda hay que pagarla, y además obliga al letrado de guardia a estar corriendo continuamente de comisaría al juzgado y viceversa sin poder atender debidamente ni uno ni otro sitio, y obligando a duplicidad de asistentes.
d) Las ratificaciones de los policías en los juicios podrían hacerse por escrito sin asistencia a la sala, a menos que lo pida alguna de las partes. Cuesta mucho dinero mantener a un buen puñado de policías que se pasan la mañana haciendo pasillo ante la puerta del juzgado esperando declarar, y luego pasan para un minuto, se ratifican y se van. Ese policía hacía mucha más falta en otro sitio, y para suplirlo hay que pagar a otro compañero, o dejar desatendido un servicio.
5.- El fiscal no tendría por qué asistir a las comparecencias para decidir la prisión preventiva de un detenido. Su posición suele ser igual que la el juez, y si discrepan el juez decide por su cuenta a pesar del fiscal, así que dicha presencia supone que el fiscal pierde unas horas en una actuación para la que el juez debería ser suficiente. El detenido tiene ya la garantía de su letrado, y se debe presumir que el juez tiene bastante preparación profesional para entender desde el poder judicial lo mismo que puede entender el fiscal. Ahorrarse comparecencias de este tipo ahorraría muchas horas de fiscal, y éste podría dedicarse a las cosas que de verdad precisan su concentración. La alternativa muchas veces es que no asista físicamente a aquellas actuaciones en que se exige su presencia, pero eso no debe contentarnos pues implica asumir que tenemos una ley que no podemos cumplir.
6.- Potenciar los juzgados de paz.- Para juicios de escasa cuantía que a veces saturan los juzgados de primera instancia. En muchos casos no se utiliza esta posibilidad, existente en la ley para asuntos de hasta 90 euros; incuso podría aumentarse este límite hasta los 200 euros –por ejemplo- sin ningún problema.
7.- Potenciar registros públicos de los condenados en sentencias civiles o penales.- Es decir, poder conocer fácilmente la identidad de los que han sido llevados a juicio con anterioridad y condenados. Ello evitaría muchos pleitos, y con ello ahorraría dinero público y ruinas privadas. La intimidad será un derecho maravilloso pero la sociedad también debe protegerse; si la gente pudiera saber los antecedentes judiciales de una persona evitaría ponerse en situaciones conflictivas con ella, y también los incumplidores compulsivos y estafadores se lo pensarían dos veces antes de considerarse tan impunes. Podría empezarse con asuntos de alta gravedad, o cuantía, para experimentar con la medida.
8.- Las faltas penales deberían computar como antecedentes penales, y no reservar esta categoría a los delitos. Hay gente especializada en cometer faltas de escasa cuantía sabiendo que aunque le condenen no le quedan antecedentes penales, lo que dificulta la acción de la justicia, y además pierde el miedo a cometer reiteradas infracciones. Si quedaran antecedentes penales de ello, el delincuente se lo pensaría dos veces, reduciría las infracciones y con ello nos ahorraría a todos dinero y disgustos.
9.- Podría ahorrarse mucho dinero en la jurisdicción contencioso-administrativa (es decir, aquella en la que pleitea un ciudadano contra la administración).- De varias maneras.
a) una es ampliando el ámbito del silencio administrativo positivo, lo cual horroriza al poder. El silencio positivo significa que si a un ciudadano no le contestan en plazo a una petición o recurso, se entenderá que le han dado la razón. Como la administración siempre se protege, sienta como supuesto habitual el silencio negativo, es decir: si no le contesto es que se lo rechazo y váyase usted a los juzgados. Eso es muy fácil para la Administración, que se limita a no resolver y pasar la patata a los jueces, que deben tramitar todo un expediente para analizar lo que el funcionario de turno no ha querido ni mirar. Debería, pues, cambiarse al silencio positivo en muchos más casos, y así la administración se obligará a trabajar más para resolver sus asuntos; es posible que no lo haga a pesar de todo, pero en tal caso estará incurriendo en una responsabilidad que podrá exigírsele a ella y a su funcionario incompetente.
b) obligar a la administración a resolver de oficio y favorablemente muchos asuntos en los que el ciudadano lleva razón.- La ley obliga a la administración a apreciar de oficio importantes situaciones a favor del ciudadano, pero no lo hace y obliga a éste a acudir al juez para que lo haga cumplir. De igual manera, hay asuntos en los que la administración sabe sobradamente que el juez va a dar la razón al ciudadano si se llega a los juzgados, especialmente cuando ya hay numerosas sentencias siempre en el mismo sentido, pero aun así no da su brazo a torcer y sigue resolviendo los expedientes previos de una manera que sabe que va a ser tumbada en sede judicial. Si se dignara reconocer esta realidad y resolviera ya conforme a lo que va a ser la sentencia definitiva, ahorraría mucho esfuerzo, dinero, horas de juzgado, papeleo y tensión al particular.
c) permitir a la administración allanarse de forma anticipada a una demanda.- En ciertas ocasiones, la administración que se ve llevada ante el juez de lo contencioso-administrativo se presenta el día de juicio y se allana (es decir, “se rinde”) a la demanda del particular. Eso podrá haberlo hecho mucho antes, ahorrando a todos dinero, tiempo, notificaciones, mañanas perdidas de abogados y clientes, y de Abogados del Estado que deben comparecer sólo para decir que se allanan. Ahorrarían muchas tramitaciones.
d) fijar la competencia en el juzgado del lugar del domicilio del recurrente y no el del lugar de la administración que dicta el acto recurrido, o permitir al menos al recurrente optar entre ambos lugares. Esto es especialmente importante en asuntos en los que la decisión última de un asunto periférico corresponde a una autoridad central. Reduciría las causas de suspensión al facilitar la asistencia del particular y de los testigos al juicio y la aportación de las pruebas.
10.- El Estado se lucra de la lentitud judicial.- Por via de los intereses que rentan los depósitos y consignaciones judiciales. Es decir, la gente que pleitea tiene obligación, en muchos casos, de consignar dinero en una cuenta judicial; eso ocurre para ciertos recursos, para prestar fianzas, para efectuar pagos de deudas, para impedir desahucios o lanzamientos, para asegurar dinero ocupado a detenidos... todo ese dinero queda depositado en un banco (Banesto) y genera una renta, que es para el Estado. El dinero, al devolverse al particular o a quien tenga derecho a recibirlo, se entrega en su principal pero no en sus intereses, que se los queda el Estado.
En los Presupuestos Generales del Estado de 2010, la cifra prevista de ingresos por este sistema es de 61.000.000 € (equivalente a 10.149.546.000 pesetas, apartado 52000 de los Presupuestos). Para que se hagan una idea, esta cifra es casi 3 veces la que presupuesta el Estado para ingresos por Tasa del Juego (24.000.000 €, apdo. 30901), y llega casi a lo mismo que recauda por Impuesto de Sucesiones y Donaciones (72.000.000 €, apdo. 11900). Esos 61.000.000 € se los está quedando el Estado y se originan por la dilación de los procesos. Si éstos fueran más rápidos, el dinero estaría menos tiempo en el Banco generando intereses para el Estado, así que saquen Ustedes la calculadora y pregúntenle al conseller valenciano si a él le llega algo de esto, o si no le llega nada por estar trasferida la competencia a la Generalitat, que yo me pierdo.
11.- FACTOR DE CALIDAD DE LA ADMINISTRACIÓN / VERSUS EFECTO DESMORALIZANTE DEL SECTOR PUBLICO.- Bajo esta denominación se hace referencia a algo tan complejo que es difícil ponerle nombre pero que todo el mundo entenderá: Si la Administración se aplicara a sí misma los niveles de calidad que exige a empresas y particulares, todo funcionaría mucho mejor y habría muchos menos pleitos, nos ahorraríamos muchísimo dinero incluido el que se dedica a Justicia. Por el contrario, la Administración debería darse cuenta de que los vicios de su conducta muchas veces resultan desmoralizantes y generan un efecto devastador en la economía de todos, además de multiplicar la actividad judicial.
a.- Si actuara con cierto sentido de la rapidez y legalidad, evitaría muchos pleitos, pues se resolverían muchos expedientes que, de otra manera y ante la inoperancia administrativa tienen que acabar siendo vistos por un juzgado de lo contencioso-administrativo. De igual forma terminan en el juzgado muchos asuntos en los que ni siquiera resuelve, o resuelve mal de forma interesada o consciente de la debilidad de la resolución. Ello no ocurre por una especial maldad de la administración, sino por cierta molicie en la que al final espera que sólo uno de cada equis ciudadanos tengan dinero, tiempo y energías para ponerse a pelear con el poder, y en la que por tanto le compensa hacerlo mal pues sabe que sólo unos pocos se animarán a protestar.
b.- Si actuara con cierta calidad, y sus funcionarios cumplieran sus funciones, no estarían sometidos a denuncias por prevaricación (dictar resoluciones injustas o ilegales), y mucho menos darían lugar a procesos por corrupción, cohechos propios o impropios, malversaciones, y toda la ralea de delitos cometidos por funcionarios o autoridades, lo cual aligeraría el peso de la Justicia y su coste.
c.- Si aplicara la eficiencia a sus funcionarios reduciría la conflictividad, y esto es posible pues funcionarios hay demasiados. En el primer trimestre del 2011 se fueron al paro más de 200.000 personas, pero seguro que casi ninguna era funcionaria. En el segundo trimestre se han creado en la Comunidad Valenciana unos 70.000 empleos, pero un 40% aproximadamente eran en el sector público. Es decir, las personas “normales” están sufriendo una crisis terrible, un paro galopante y una escasez de recursos asfixiante, mientras que el sector público no se entera del problema y se indigna si le “congelan” o si le “rebajan un 5%”; el número de funcionarios no hace más que crecer en términos absolutos y en términos relativos y encima nos siguen diciendo que la falta de calidad en la función pública es culpa de que la gente molesta yendo a los juzgados y hay que ponérselo todo aún más caro para que valoren el tiempo que hacen perder a esos millones de antiguos funcionarios y miles de nuevos. Demasiado. Todo el dinero que hay que aplicar para pagar a tanto funcionario debe servir para exigirles que hagan bien su función, y no para pedir nuevas tasas a los que ya ni trabajan.
d.- La corrupción pública fomenta la corrupción privada. La crispación pública fomenta la privada. La insolvencia pública provoca la insolvencia privada.
Es desmoralizante para un ciudadano, un empresario, un cualquiera, enfrentarse a un poder que está corrompido. Eso le hace ver que sólo entrando en el juego de esa corrupción conseguirá sus fines, y ello le lleva a saltarse la ley. A partir de ahí, es sólo cuestión de tiempo que uno o varios de los intervinientes, o en su caso alguna de las víctimas de éstos acabe en conflicto grave, y de ahí al juzgado (en el mejor de los casos, siendo el peor el de la ruina, la depresión, el abandono de la actividad). La falta de respeto a la ley tiene un coste que habría que cuantificar, pues genera inseguridad y la inseguridad resulta cara. Los sobreprecios, los regalitos, las invitaciones, deben incorporarse en los costes y con ello se deben rebajar otras partidas que merecerían más atención, salarios, medidas de seguridad, informes, etc., y todo ello finalmente termina en un problema mayor. Una administración sana permite que los ciudadanos se concentren en sus fines, y se animen a actuar conforme a la ley, lo que significa dejar menos margen a los conflictos e incurrir en menos causas de ir a los juzgados.
La crispación pública genera total malestar en los particulares, se paralizan los proyectos, nadie se atreve a proponer o a invertir, pues percibe en el ambiente que la iniciativa efectuada bajo un mandato se echará abajo cuando mande el adversario. Esta situación tiene una consecuencia: la provisionalidad de todo lo que se inicia, que puede venirse abajo por causas puramente personales, políticas, o de revanchas. Con ello, las inversiones y los proyectos no se cuidan, no se plantean para durar sino para tomar el dinero y correr, y eso finalmente degenera en que se cumple por la mínima o ni siquiera, dando finalmente al mercado un producto defectuoso que tarde o temprano generará conflictividad y presentación de demandas.
En cuanto a la insolvencia, es obvio lo que voy a decir. Si la administración no paga, arrastra en su incumplimiento a miles de empresas y particulares, autónomos, proveedores y acreedores. El poder público se ha dedicado a financiarse del sector privado, lo sigue haciendo, embebido en sus fastos, contratando a sus amigos, comprando a sus favoritos a precios sin revisar, etc., y sobre todo, dejando de pagar a quien le ha apetecido. Ha montado una política de gastos estructurales sobre un sistema de ingresos coyunturales, y ahora se ha quedado en el aire. La situación está mostrando ahora todos sus horrores, pero lo peor es que no aprenden, pues en muchísimas administraciones no se enteran de la que está cayendo, en otras piensan que la gente ya sacará sus reservas del calcetín para capear el temporal y todas sin excepción piensan que todo da igual con tal de no perder las elecciones. El sector publico va a ser uno de los odiados de esta crisis, pues ha quitado a todos el dinero para pagar sus propias deudas que nunca debió contraer, ha drenado el mercado de dinero y nadie puede prestar a los privados ni aun queriendo, encima nos pide adelanto de impuestos, subidas a los que aún pagan, etc., todo para tapar su ineptitud. Deja de pagar a una empresa y ésta deja de pagar a sus empleados, éstos dejan de pagar al banco si son propietarios y el banco ejecuta sus hipotecas, o dejan de pagar el alquiler si son arrendatarios y el dueño les lleva al juzgado para recuperar la vivienda (nunca las rentas, que jamás obtendrán), y después de generar toda esa conflictividad el poder público se inventa ahora cosas para disuadirme de ir al juzgado porque molesto, y me dice que tendré que pagar por un servicio que posiblemente llevo pagando toda mi vida y nunca más usaré otra vez porque ya sólo me quedarán ganas de ir a un comedor social de Cáritas...
Realmente, vivimos unos tiempos hechos para idiotas... que son los que tienen suerte de no ver lo que tienen delante.
A CONTINUACIÓN DE DICHA ENTRADA, AÑADI UNA SEGUNDA (JUSTICIA II) EN RESPUESTA A CIERTO ALTO RESPONSABLE DE LOS ORGANOS (de Justicia), que decía algo así como que la gente iba más de la cuenta a los juzgados, y que una tasa se olvidarían de práctica tan asocial (Lo he dicho con mis palabras irónicas, pero es que quise responder porque se trataba no de un político sino de un miembro de la judicatura, de quien realmente esperaba algo más a la hora de analizar EL ESTADO PSICOLÓGICO DE QUIEN ACUDE A LA JUSTICIA)
...Ha dicho algo así como que puede ser bueno implantar tasas judiciales porque la gente se ha acostumbrado a acudir a la justicia tantas veces como quiere. (¡!)
Mire, hoy no ha estado fino, y no pasa nada, pero reléalo y verá. A mí me da igual porque me rijo por la ley del mar que sólo ordena sobrevivir, pero claro, si esto lo lee un pobre ciudadano... Se pensará para sus adentros: “si esto es lo que se atreve a publicar el juez de más arriba, qué pensará y no dice; y si eso piensa y no dice, qué pensarán los de más abajo...”. Porque, vamos a ver, Usted lo que está queriendo decir es que, de cada diez veces que uno va a un juzgado, unas cuatro o cinco son por placer, ¿no? o por aburrimiento. Vamos, que cuando los jueces ven entrar a los humanos por la puerta de la sala de juicios se piensan para sus adentros: “¡otro dominguero!”.
Recuerdo la obra “Príncipe y Mendigo”. El príncipe cambió sus ropas con su doble y salió a la calle para descubrir lo que había en el mundo; allí sufrió en sus carnes lo que era la justicia del rey. Eso podrían hacer muchas autoridades para comprobar lo que ocurre “al otro lado”, el lado oscuro de la calle, ése que nadie quiere pero que afecta al 98% de los epsilones, que son casi todos menos los del coche oficial y vado. Algunos podían dejarse por un día las puñetas, las corbatas, los escoltas, las VISAS, los botellines cerrados de agua mineral y todos los “punto.org”, y vestirse de tergal roto, zapato de rejilla con agujero y aftershave Deliplus (y gracias). Sniff...
A los que piensan que a la Justicia se acude “tantas veces como se quiere”, yo les diría algunas cosas. De momento, hay muchos sectores de gente que nunca pisarán un juzgado, ni aun queriendo, porque se sienten “persona non grata”; y no me estoy refiriendo a los traficantes de drogas, los tironeros, los etarras, etc., que esos se sienten muy a gusto. Me refiero, por ejemplo, a los maridos y padres, que saben que llevan todas las de perder en un pleito de familia, separación, divorcio, modificación de medidas, pensiones alimenticias, custodia y visitas a los hijos... toda vez que el padre o marido es siempre –como se sabe- un ser abyecto. Me refiero a los empresarios, a los que nunca se les verá demandar contra los trabajadores en un juzgado de lo social, porque ya se sabe que todo empresario es por definición un desalmado ladrón de plusvalías y que un empleado o un piquete jamás incurre en deslealtad, robo, absentismo, daños... y también me refiero a los trabajadores que nunca van a poder probar sus quejas porque a nadie interesa buscar testigos entre sus asustados compañeros de trabajo. Me refiero a los sin papeles y otro tipo de ilegales que nunca acudirán a un juzgado a denunciar haber sido víctimas de ciertas coacciones, proxenetismo, violencias, etc., porque tienen miedo de ser expulsados, o en su caso represaliados por la falta de protección contra las redes denunciadas. Me refiero quizá a los discriminados por la Administración que no se atreven a demandar porque la tendencia del poder judicial es hacer piña con el poder ejecutivo y presumir que éste lo hace todo siempre bien a menos que el mortal muerto haga maravillas para probar lo contrario. Me refiero a los varones que nunca denunciarán a una mujer por malos tratos físicos o psíquicos, o a tantas mujeres adineradas que nunca denunciarán los malos tratos porque las llamarán pijas, o a tantas mujeres menos adineradas que tampoco denunciarán porque el denunciado las buscará a la salida del juzgado.
¿Sabe Usted cuánta gente prescinde de acudir a un juzgado para obtener un desahucio, y se limita a pactar con el inquilino el que éste se vaya renunciando a las rentas adeudadas? ¿O sabe que incluso a veces no sólo se renuncia a esas rentas sino que se les paga a los ocupantes para que dejen la casa? Y eso no es por filantropía, sino porque la gente no confía en el sistema para obtener justicia, ya que el reloj de ésta parece de arena y tumbado. ¿Sabe cuánta gente acepta una conformidad en el campo penal aunque sea inocente, todo con tal de asegurarse una condena de menos de dos años de prisión y así al menos evitar el riesgo de entrar en la cárcel si el juicio se tuerce? (previa petición muy calculada por las acusaciones de una pena de algo más de tiempo, para incentivar esa conformidad y ahorrar a la justicia el coste de un proceso). ¿Sabe Usted cuánta gente se ve obligada a ir a un juzgado por el nefasto funcionamiento de la administración y los privilegios de los políticos? ¿Es a esos a los que Usted se refiere al decir que van al juzgado tantas veces como quieren? Quizá no sabe Usted que cada día que un kiosquero, un taxista o un fontanero va al juzgado, le cuesta mucho dinero porque deja de hacer caja, y se le tiene quizá dos horas esperando su turno, o le dicen que vuelva otro día, o que aún no hay nada de lo suyo y que no moleste... O que si en lugar de ser un autónomo es un trabajador por cuenta ajena, tampoco va al juzgado por si le echan del trabajo por las horas perdidas en ir y venir a por justicia.
Parece que, además de por diversión de dominguero, a veces la gente tendría motivos para querer ir a un juzgado y aun así se abstiene. No hablemos de los motivos económicos (la justicia no es gratis sino para los pobres), las incomodidades, la vergüenza de reconocer ciertas cosas, los prejuicios sociales, etc. Yo sé que Usted es hombre de bien y que bastante hace ejercitando la reflexión y acertando en muchas cosas (ojalá todos hicieran la mitad de ese esfuerzo), pero hoy era el día de ejercitar no sólo la cabeza sino el corazón y probar con la empatía, que es ponerse en el lugar del otro. Por eso no quiero personalizar ni simplificar los problemas, pero sí recordar esa famosa expresión del castellano que dice: “más guapo callado”.
