Posiblemente, cuando Usted lea esto, ya se haya votado en Lizarza sobre poner o quitar la bandera de España (es decir, sobre si van a cumplir -o no- la ley).
El asunto sería de sainete si no fuera porque hay muchísimo dolor detrás y porque éste sigue pinchando. Es muy fácil de describir: el recién elegido alcalde de Lizarra, perteneciente a la independentista Bildu, ha quitado la bandera de España de la fachada del Ayuntamiento, incumpliendo la ley de banderas y no por error; el Delegado del Gobierno en el País Vasco, hace unos quince días, le dio un plazo de un mes para obedecer la ley. El alcalde, en consecuencia, ha sometido la cuestión a lo que voten los habitantes. La convocatoria se contiene en un comunicado en el que dice algo así como que “si elegimos ponerla, cumpliremos la ley, y si elegimos no ponerla, nos echarán del Ayuntamiento”.
Si yo fuera profesor de Derecho, elegiría este caso como modelo, pues pocos episodios contienen tantas ilegalidades y despropósitos. El primero en incumplir la ley es el alcalde, que de forma premeditada y alevosa ha retirado una insignia obligatoria; no se trata de un descuido, o de una omisión, pues la bandera ya estaba puesta. Ha sido necesario un acto expreso de alteración de la realidad legal anterior. Eso en sí podría ser una irregularidad administrativa, por incumplir una norma, pero en el presente caso se trataría además, -en mi opinión- de un verdadero delito de prevaricación, pues se ha dictado a sabiendas una resolución manifiestamente injusta por ilegal. Si la prevaricación se puede apreciar incluso por omisión, mucho más cuando hay una orden expresa de saltarse la ley.
El hecho lo ha cometido un señor del que yo no espero nada, o nada diferente de lo que está haciendo. De un escorpión sólo puedes esperar que te pique, y de un fuego que te queme, así que no espere nadie que pierda un segundo en criticar a un burro cuando hace una burrada. A los que critico es a los otros, los supuestos listos, los legales, los demócratas.
El Delegado del Gobierno en el País Vasco ha ordenado al alcalde que ponga la bandera en el plazo de un mes. El PP ha pedido al ministro del PSOE que haga cumplir la ley. Y aquí es cuando ya empiezo a ver visiones de flores y paramecios fractales. ¿He leído bien la prensa? ¿Es cierto que un delegado gubernamental puede dar plazos de un mes para dejar de cometer un delito? Si a mí me parase la Guardia Civil conduciendo con doce copas de ginebra, ¿puedo pedirles que me dejen un mes para llegar con mi borrachera a casa? ¿Puede darse un mes de plazo al que está atracando un banco para que salga de la entidad? ¿O un mes al proxeneta para que retire a sus amigas del tráfico? Esto es de TBO. Y lo mismo lo del PP, “pidiendo” al Gobierno que actúe. Señores del PP, ya saben Ustedes que el gobierno no va a hacer nada, así que... ¿Se quedan Ustedes contentos con sólo “pedir”? ¿No tienen formas de reprobación parlamentaria? ¿Y no pueden ir y denunciar directamente el hecho ante un juzgado? ¿Van a estar sin hacer nada ni Ustedes ni los del gobierno? El Ministro del Interior ya sabemos que no puede hacer nada, porque necesita todo su tiempo para encargar campañas de imagen con su cara de candidato antes de que se le designe así por el partido (otra irregularidad); además, ya sabemos que no ha querido tocar a los indignados, así que menos aún lo hará a los indignantes; lo haría si los abertzales además de violentos fueran banqueros o ricos, pero no tienen pinta. Los demás miembros del Gobierno tampoco están para eso, porque o bien se han ido a Menorca con el bikini o a Uganda o a la rueda de prensa de la SGAE, y el Presidente ya ni se sabe si está en RATICULIN, que debería devolver el sueldo que está cobrando por pasear sólo su ceja.
Aquí todos ven lo que pasa y se limitan a pedir unos a otros, parecen gallinas sin cabeza dando vueltas a cacareos por un corral, aleteando histéricas mientras la zorra les mira muerta de risa ya dentro del gallinero. Qué miserable país.
Ahora nuestras autoridades van a dejar que unos ciudadanos se arrimen a una urna para decidir si la ley se ha de cumplir. Vaya espectáculo. ¿Cómo vamos a pedir luego a Europa que confíe en nosotros, o los mercados, los que nos deben calificar y prestar dinero...? Se imaginarán que el día de mañana nuestro gobierno nos convocará para que decidamos si devolvemos el dinero que nos presten, dado que es el sistema que consideramos tolerable para nosotros. Es ridículo, si no fuera sangrante. Estos son los que luego nos piden patriotismo para que no les critiquemos. Por supuesto, nadie reaccionará antes de que se vote; es más divertido actuar después, como con las elecciones de la SGAE en que se detiene a los que han sido elegidos el día antes, todo sea por hacer más cinematográfico el asunto y darle emoción. Actuando después todo se empeorará cinco veces más, pero se ve que al ministro can-didato le va la marcha... de no hacer nada.
Y lo más divertido: el comunicado de convocatoria de Lizarza: si sale que no quitemos la bandera... nos echarán del Ayuntamiento. No, señor alcalde de Lizarza. Si sale que no la quiten, y aunque saliera lo contrario, Usted ya debería estar yéndose –de momento- al calabozo, y mañana quizá a la cárcel, porque Usted lo que está cometiendo hoy, y ayer, es un delito como una casa; no se trata sólo de que le quiten el bastón de mando municipal, sino de que le quiten la habilitación para el ejercicio de cargo público en el fututo, y la libertad por el tiempo que proceda según esa ley que Usted pretende cumplir sólo si se lo dicen sus convecinos. ¿Por qué no somete a votación también si deben pagar la tasa de basuras, o el IBI, o las licencias de aperturas? Pero claro, esto es España, la de los patriotas del PSOE y la de los antipatriotas del PP, bonita panda. Claro, pobres políticos, tienen dudas, temor... y es que para eso teníamos un Fiscal General... sí, ese al que llamaba Otegui cuando le detenían; el Fiscal General también cobra un sueldo por su trabajo, podría ejercerlo alguna vez (en beneficio de la ley, me refiero). Si el alcalde de Lizarza está –presuntamente- prevaricando por incumplir deliberadamente la ley, también el Delegado del Gobierno está –presuntamente- prevaricando por omisión al dejar de perseguir un delito evidente y sin que pueda hacerse el distraído pues al conceder un plazo está dejando claro que conoce el hecho y su ilegalidad. Puedo entender que los amigos del alcalde de Lizarza den mucho miedo y nadie tenga ganas de ver su cara en una diana, pero que yo sepa el Delegado del Gobierno no tiene amigos mafiosos, ni violentos, que impidan a un fiscal sentarlo en un banquillo (¿O sí los tiene?).
Si empezáramos a exigir responsabilidades a los demócratas encargados de cumplir la ley, tal vez algún día se animasen éstos a exigir las suyas a aquellos que no son tan demócratas. Al no hacerlo así, nos estamos dejando pudrir lentamente. Si yo permitiera eso en las maderas de mi barco, terminaría en el fondo del mar, que es a donde vamos todos.
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