MI DEMOCRACIA-REAL-YA (LAS PROPUESTAS DEL CORSARIO ZARAFIN)

     Voy a decir algunas medidas que se pueden adoptar para retornar hacia la democracia-real-ya.

Antes diré: me he metido en la página de “Democracia Real Ya” (DRY); resulta más interesante el movimiento en sí que las propuestas, que más que medidas son objetivos. Ya se sabe: ambos conceptos se diferencian en que los objetivos se buscan y las medidas se adoptan. Los primeros están no sé dónde y se alcanzan no sé cuándo ni gracias a quién; las medidas se pueden adoptar mañana, sacarlas en el BOE y sabemos quién puede hacerlo. Una de las cosas más aburridas de los programas electorales es que más que medidas incluyen objetivos y por eso se parecen tanto todos los partidos: preconizan lo mismo pero ninguno dice cómo llegar a ello.

La mayoría de las propuestas de DRY me parecen:

a) obviedades que todos suscribimos pero son humo en la práctica, del estilo de reducir el gasto militar cuando el gasto hoy es ridículo para nuestro pretendido prestigio exterior y los sidecares no tienen ni gasolina, (con independencia de que nuestros militares tengan una magnífica preparación).

b) cosas imposibles de realizar porque ahora mismo no hay dinero para contratar profesores, médicos, etc. o recuperar los 426 euros.

c) medidas en que es más grave el remedio que la enfermedad, como lo de la dación en pago en las hipotecas.

d) más ruido que nueces como es la recuperación del Impuesto sobre el Patrimonio, que daba muy poco dinero y muchas dudas de integración en el sistema, a menos que se reconvirtiera en algo muy diferente.

e) demagógicas, como lo de la publicación del patrimonio de los políticos, no quiero perder el tiempo en eso porque el verdaderamente rico se monta sociedades o testaferros para eludir ese control.

f) objetivos más que medidas pues se habla de “regulación”, “promoción”, “protección”, de cosas sin decir cómo conseguirlo.

g) obsesiones de bando como es la abolición de la Ley Sinde sin dar solución alternativa a un problema real.

Etcétera.

Pero unas cuantas me parecen muy oportunas y coincido con ellas, incluyéndolas en mi listado con formulación propia. En todo caso, el listado de DRY representa un esfuerzo sistemático que aunque muy básico demuestra un afán de encauzar la protesta. No obstante, la evidencia muestra que la base social que las propugna es muy heterogénea y terminará partiéndose más antes que después, que es lo que esperan los poderosos. Las propuestas de DRY tendrían una posibilidad si consiguieran: 1) articular una forma de tomar decisiones dentro del movimiento admitiendo la defección de un 40% de sobrantes, y 2) convertir el tronco de propuestas en un enramado de medidas mucho más concretas. Pero el primer aviso está dado, como lo fue el del soñador Miranda antes de que llegara el libertador Bolívar.

Ahora voy yo. Allá van mis PROPUESTAS tras escuchar lo que dicen muchos de mis apresados cuando bebemos ron en mi camarote, algunas son muy sencillas, otras más simbólicas; no son exhaustivas –el Cielo me libre- pero si se adoptasen sólo cinco de todo el listado mejorarían las cosas mucho, y la credibilidad del sistema político. Se trata de cosas que mañana mismo se podrían acordar y pasado mañana empezar a ejecutar sin demasiado estudio previo ni informes del Consejo de Estado.

LAS MARAVILLOSAS PROPUESTAS DEL CORSARIO ZARAFIN PARA UNA DEMOCRACIA REAL YA

I.- DE LOS PARTIDOS Y DE LOS POLÍTICOS

1.- Reducción a 2 mandatos.- En presidentes de gobierno, autonómicos y alcaldes. (Hay argumentos a favor y en contra, pero son más higiénicos los a favor, y ahora hace falta higiene)

2.- Adopción del sistema electoral de representación proporcional.- Con correcciones para reconducir los restos minoritarios. (El actual de la ley D´Hont lleva a que un montón de votos quedan insatisfechos por ir a la basura de la calculadora, y eso deprime al votante y lo aparta del sistema).

3.- Elecciones primarias.- En los partidos, al menos para designar candidatos. (con sus pros y contras, los elegidos estarán más cerca de sus bases y eso mejorará la satisfacción no del votante pero al menos del afiliado)

4.- Revisión a la baja de las subvenciones a los partidos políticos, de momento a la mitad.- Y mayor control de a qué se dedican presentando facturas como deben hacer los privados que reciben otras subvenciones.

5.-  Reducción de las campañas electorales a la mitad de los días.- No sé si son 15 o 20, pero con la mitad sobra y me quedo corto. (Se dirá que con campañas cortas el candidato no puede llegar a todas partes, pero es que eso es lo que se pretende: es mejor que se repartan los mitines entre los varios de su equipo y así podremos conocer no sólo al candidato mediático sino a la gente con la que se supone que nos va a gobernar, a ver si saben decir algo coherente, y darles también la oportunidad de darse a conocer)

6.- Que el voto en blanco compute.- Como si fuera un partido más, y se deje su escaño o silla vacía como símbolo recordatorio (como el asiento “peligroso” de la mesa del rey Arturo, que estaba siempre desocupado como recordatorio a los demás). El sueldo de los cargos “en blanco” quedará vacante, porque si los partidos ocupan siempre esos cargos y se llevan esos sueldos no notarán tanto el perjuicio; ya se espabilarán la próxima vez para reducir el voto en blanco.

7.- Prohibición de incluir imputados en las listas.-  No simples denunciados, sino imputados. Un imputado es una persona contra la que el Juzgado ha admitido a trámite una denuncia penal, o una querella, y eso significa que al menos hay un prinicipio de prueba o indicios que justifican al menos la coherencia de una denuncia aunque no finalice en condena; (si una denuncia es coherente, no debe hacerse cargar a los ciudadanos con el coste de dar o no credibilidad a ese candidato, ni de hacer actos de fe ciega. Por supuesto, y para evitar abusos de esta práctica, debe coordinarse con lo establecido en el número 8 siguiente).

8.- Creación de un juzgado por provincia especializado en delitos de cargos públicos.- Que sólo se dedique a eso en su respectiva provincia y así lo pueda resolver en cuestión de días o semanas, no de años. (Así, si uno denuncia falsamente a otro, sabe que en seguida se sabrá y le saldrá mal la jugada, y si la denuncia tenía fundamento no agotará a los partidos ni a los votantes con el calvario del proceso paralelo y la lentitud judicial)

9.- Modificación del Código Penal eliminando privilegios de los cargos públicos y partidos.- Hay muchos ejemplos: Deben aumentarse los plazos de la condena de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, y aumentarse su radio de actuación; la responsabilidad de los entes públicos por los delitos de sus cargos no debe ser subsidiaria sino solidaria o directa a efectos de responsabilidad civil; no hay por qué eliminar de la responsabilidad penal imputable a las personas jurídicas la achacable a los partidos y sindicatos;  el tráfico de influencias esta regulado de forma que se facilita el no ingreso en prisión, etc…)

10.- Desaparición de los aforamientos, suplicatorios, o cualesquiera trabas a la actuación judicial.- No es de recibo que una cámara o asamblea de compañeros tenga que dar permiso a un juez para actuar contra uno del grupo. 

 

11.- Reducción de la influencia de los partidos en la Justicia.- Con medidas muy concretas como: a) vuelta al sistema inicial de designación de miembros del Tribunal Constitucional con 8 miembros no designados por los partidos; b) nombramiento del Fiscal General del Estado por el cuerpo de Fiscales, y que sean 3 en vez de 1 para sortear embudos ideológicos (El Gobierno siempre seguirá teniendo a todas las docenas de fiscales del cuerpo judicial del Estado que son igual de buenos o mejores, si es que quiere impulsar acciones judiciales por algo); c) mantenimiento de la figura de la acusación popular (la quieren eliminar para que los ciudadanos no puedan por sí sólos denunciar penalmente a los políticos sin el filtro del fiscal general o de los directamente afectados de la acusación particular)

12.- Rebaja del cupo necesario para la iniciativa legislativa popular.- Bajar el número de 500.000 a 300.000 firmas, si bien aumentando el control de su autenticidad, y eliminar las materias en que está vetada, como son las propias de Ley Orgánica o tributarias. (No se entiende el miedo a que una propuesta entre en el Parlamento, si luego son los políticos los únicos que pueden votarla).

13.- Supresión de las tarjetas de crédito para los cargos públicos.- Que pidan previamente el importe y lo lleven en metálico y así controlarán mucho mejor el gasto, y presentando ticket. No es tan difícil, los privados lo hacemos, mientras que con la tarjeta se derrocha más pues no se va notando el gasto que se hace, ni quién se beneficia de él.

14.- Agravamiento de las penas de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. Deben ser mucho más largas las penas previstas, el tope es de 20 años en casos muy graves pero suele ser de sólo hasta unos 6 o 7 o mucho menos. El límite de 20 años debería ser para todos los casos e incluso mucho mayor (no puede entenderse que una persona que ha defraudado el interés público haciendo daño a todos pueda estar en disposición de volver a hacerlo).

15.- Unificación temporal de todas las elecciones autonómicas.- Es impresentable que a estas alturas sigamos teniendo autonomías de primera -las ridículamente autoproclamadas “históricas” como si las demás no lo fueran igual o más y que pueden convocar elecciones a su antojo- y de segunda -las que se ajustan al calendario impuesto-. (Deben todas tener el mismo modelo. Propondrán entonces las “históricas” que sigan todas el modelo suyo, es decir, que las 17 puedan convocar elecciones cuando quieran, pero eso es suicida, teniendo en cuenta que en España hasta cada elección de Comunidad de Vecinos es considerada como unas primarias de las Generales al Parlamento y causa un desgaste tremendo en energías, dinero, horas y honras perdidas, parálisis de gestión pública y sobreactuación electoral).

16.- Que los políticos con sueldo público en la administración territorial no cobren por otras funciones representativas externas.- Por ejemplo, en Cajas de Ahorros, consejos de administración de empresas públicas, Consejos, etc., (pues se entiende que están en ellos por el cargo que ocupan y no por su inteligente persona, así que la silla en la Caja de Ahorros no es sino una forma más de ejercer su cargo de diputado, concejal, etc. por los que ya cobra un sueldo).

17.- Límite máximo de ingresos públicos (sueldos) de los políticos.- En caso de acumulación de cargos públicos, por ejemplo como diputado más ministro más director general, etc. Igual que a muchos privados les limitaron la pensión poniendo un tope máximo a pesar de haber cotizado toda su vida para obtener una mucho mayor, debe ponerse un tope máximo de ingresos que un político puede cobrar de las arcas públicas, y si le quieren poner en cinco puestos a la vez, que esté pero no nos cobre más por ello, y así repartirán los cargos en lugar de acapararlos, dando facilidad a más personas a que participen y favoreciendo el que el cargo lo detente alguien que tiene tiempo para ejercerlo dignamente para el bien común.

II.- DE LA ADMINISTRACION

18.- Ampliación de plazos para recurrir y alegar contra la Administración.- No debiendo ser inferiores a 2 meses. El ciudadano necesita poder asesorarse, buscar avales, recabar documentación, etc., y no tiene el tiempo muerto ni los medios de las administraciones pues suele tener ya sus propias ocupaciones que le impiden mayor rapidez.

19.- Obligación de prestar fianza las administraciones.- Igual que los particulares, por ejemplo en Arrendamientos, de lo que está exenta. (Esto se establecía pues se presume que la Administración siempre paga y siempre tiene para pagar, pero presumir eso hoy día es ilusorio, así que debe afianzar como todos).

20.- Acceso pleno y gratuito por internet al contenido de los Registros Mercantil y de la Propiedad, y Catastro.- Sin exigir requisitos de legitimación especial, suscripción,  rellenado de impresos o explicaciones, ni tasa alguna. (Si el contenido de tales registros perjudica jurídicamente a todos por definición legal, es evidente que también debe existir la mayor facilidad posible para que todos accedan a ese contenido, de la forma más rápida y barata, sin exclusiones).

21.- Auditorías sobre expedientes administrativos aprobados contra informe técnico desfavorable. Debe crearse un registro de informes internos desfavorables para que cualquier inspector pueda periódicamente seguir y localizar fácilmente el curso de aquellos expedientes y revisar si la decisión final aprobatoria fue arbitraria o incluyó desviaciones o irregularidades, y no perderse en las estanterías leyendo miles de folios hasta encontrar el que puede contener la irregularidad, en el caso impensable de que hubiera inspecciones de este tipo.

22.- Fácil accesibilidad física a los centros públicos.- Rampas de acceso en todos los edificios públicos, diseños de acceso fácil a discapacitados, invidentes, mayores, revisión general del modelo de edificio público a estos efectos.

23.- Eliminación del Sábado como día hábil.- Para computar plazos de obligaciones, pagos, presentación de recursos, etc., de forma que se cuente de lunes a viernes, y se extienda el plazo siempre hasta las 14.00 horas del día siguiente (En el ámbito judicial se hace exactamente así, con muy buen resultado, la Administración debería hacerlo igual).

 24.- Obligación de acompañar fotografías en los expedientes sancionadores.- Igual que en los de velocidad, se aplicaría a los de otros ámbitos como son obras, aparcamientos, ocupaciones, rotulaciones, etc.

25.- Silencio administrativo positivo como regla general.- En los recursos administrativos, sin tantas excepciones como actualmente, y que en la práctica lo convierten en negativo (es decir, silencio negativo consiste en que si no se contesta en cierto plazo se entiende desestimado, y positivo consiste en que si no se contesta en cierto plazo se entiende estimado el recurso). No hablamos de concesión de licencias o solicitudes presentadas de primeras, sino de resolución de recursos donde ya hay un expediente previo.

26.- Registro de entrada por las tardes.- En todos los centros administrativos. Mucha gente no puede ir por las mañanas a los centros administrativos. (Se habilitan a veces algunas tardes, pero no todos los días y puede venir mal. Los sistemas alternativos son absurdos o caros: tener que ir al Gobierno Civil, ir a Correos a mandarlo certificado, dar un poder notarial a alguien, etc.).

  27.- Revisión generalizada de las cuantías de las sanciones.- En multitud de normas para adecuarlas a la economía real de los ciudadanos. Es inmoral fijar en la norma sanciones de importe elevadísimo cuya aplicación puede arruinar literalmente a una persona por cuestiones menores. Además es inútil, pues la propia administración elude aplicar las sanciones con tal de no imponer esas sanciones desproprcionadas, dando como resultado la infracción continua e impune de las normas. El poder cree que prescribiendo sanciones altísimas aumenta el cumplimiento, y es más bien al revés, porque la gente dice “de perdidos al río” e infringe más; lo que debe hacer el estado es controlar mejor el cumplimiento, en lugar de asustar con sanciones altísimas que luego no se atreve a imponer.

28.- Pago escrupuloso por las administraciones.- (empezando por los ayuntamientos y acabando por todos los demás)  de las deudas y obligaciones con los terceros privados, proveedores, acreedores, etc., e incluir eso en el delito de prevaricación del cargo o funcionario correspondiente si se acredita que había posibilidad de pagar. (Es sangrante la de miles de millones que se dejan de pagar a estos particulares llevándoles a la ruina con tal de tener dinero para fiestas, bocatas y amiguetes). Esto debe estar en relación con el apartado siguiente.

29.- Prohibición de endeudamiento.- Más allá de los ingresos en Ayuntamientos y Comunidades Autónomas. Si no tienen dinero para algo, que se esperen; y si era muy urgente que llamen al Estado y éste ejerza sus competencias residuales.

30.- Publicidad normativa plena y gratuita por internet.- Es decir, desde las leyes hasta las últimas ordenanzas de los municipios, sin que esto dependa de la voluntad de cada ente. La publicidad debe ser sin requisitos de acceso, cuotas, pagos, etc., de una forma muy clara, en la que sea posible conocer la última norma legal de un pueblo de España de igual forma con la que Hacienda puede detectar la última venta efectuada en una aldea perdida.

31.- Eliminación de asesores externos habiendo técnicos.- Municipales o de otros ámbitos. Por ejemplo, es absurdo pagar un buen sueldo a un letrado municipal y que para hacer un informe concreto se contrate además a un externo, pagando por segunda vez un servicio que se presumía comprendido en el sueldo del primero.

32.- Mantenimiento de los Ayuntamientos pequeños.- Los quieren eliminar, agrupando localidades pequeñas, (lo cual sería terrible para la subsistencia del mundo rural que es el alma de mucha de nuestra sociedad e identidad). La excusa es que se ahorraría dinero, pero eso no es cierto porque en cuanto lo tengan en el municipio grande se lo gastarán igual en fiestas y asesores, generando más agravios comarcales y desequilibrio territorial. Los ayuntamientos son la única escuela de democracia que hay en los lugares apartados, y a la gente le gusta poder ver pasear a su alcalde por la calle y no tenerse que ir a 30 km  para verlo. Normalmente esos ayuntamientos apenas tienen un céntimo para gastar, y muchos alcaldes y concejales no cobran nada. Otra cosa diferente es cargarles con unas competencias que no pueden asumir, y en tal caso hay que fomentar las mancomunidades de servicios para casos concretos, pero no privar de identidad a los que sólo les queda eso precisamente.

33.- Derecho a la compensación de tributos.- (Impuestos, tasas, y contribuciones especiales) con las deudas que la Administración tenga con el contribuyente, en todo caso y sin distinción de ámbito fiscal o tipo de tributo.

III.- DE LA JUSTICIA

34.- Supresión de la obligación de prestar avales al recurrir.- En la jurisdicción contencioso-administrativa o en el ámbito fiscal, es decir, en pleitos contra la Administración. Eso sí, los asuntos se deben resolver rápidamente e imponiendo las costas si procede al recurrente temerario (costas leves) e intereses de demora.

35.- Ejecución de oficio (por el propio juzgado) de las sentencias.- Al menos las contencioso-administrativas y las penales. (hay demasiada tendencia a dejar al ciudadano el penoso trabajo de obtener el cumplimiento final de su sentencia, unas vez que la obtiene a su favor. Esto sería más costoso al principio, pero luego se notaría la mejora pues se reduciría mucho la conflictividad si los condenados ven que la justicia les alcanza más rápidamente que antes).

36.- Facilitar el Recurso de Amparo.- Ampliando los medios del Tribunal Constitucional para que pueda admitir muchos más recursos de los poquísimos que actualmente admite a trámite (no digamos "estima"), o habilitando a otros órganos para que puedan conocer de esta materia.

37.- Que los recursos Contencioso-Administrativos se lleven en el lugar del recurrente.- Y no en el de la administración recurrida o central como ocurre en muchos casos. (obligar a un ciudadano a pleitear en otra provincia es obligarle a mayores gastos, imposibilidad de seguimiento de su asunto, dificultad de acceder a documentos o datos, etc., mientras que la Administración debe funcionar bajo el principio de unidad de la Administración y tiene medios más que sobrados si los usa bien).

OBJETIVOS GENERALES DE LA ADMINISTRACION RESPECTO AL CIUDADANO

RECIPROCIDAD.- Semejanza de trato. La Administración debe tender a equipararse al administrado, reduciendo o suprimiendo muchos de los privilegios que los diferencian. Debe tender a dar al administrado lo mismo que le exige.

EJEMPLARIDAD.- El mal ejemplo desmoraliza a la sociedad. Es gravísimo que el ciudadano asuma que los que mandan son mucho peores que él y mas impunes.

SOLVENCIA.- Prohibición de endeudamiento. Toda actuación debe llevar previamente consignado su importe; no puede ser aprobada una medida sin la existencia del dinero que cuesta.

DISTANCIA.- La Administración debe estar cerca del ciudadano, pero no tanto como para asfixiarlo. Debe guardar distancias para que el ciudadano ejerza sus fines y no saturar el espacio impidiendo que surja la inciativa particular (por ejemplo, dando los mismos servicios gratuitamente que otros que los prestan retribuidos, los mismos actos culturales que los particulares pueden desarrollar, los mismos puestos de venta, etc.,).

LIGEREZA.- La Administración debe aprender a renunciar a actuar en todos los campos, si ello conlleva agotamiento de los recursos y asfixia del ciudadano.

SOSTENIBILIDAD.- Las actuaciones de la Administraciones deben ser tendentes a mantener un modelo que no exija una revisión constante, y una dependencia excesiva de los cambios políticos, se deben generar internamente cauces de confianza que permitan que los esfuerzos personales se coordinen en lugar de anularse mutuamente.

CALIDAD.- La Administración debe aplicarse los mismos criterios de calidad que se exigen a las empresas privadas, someterse a chequeos, auditorías de funcionamiento y eficacia, y control de la atención al cliente que es el ciudadano tanto en  sentido individual (el "interesado") como global (la "ciudadanía").